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El 16 de mayo, un mes después de que la mayoría de los alguaciles de Oregón pararon simultáneamente de cumplir con órdenes de deportación en lo que es hasta la fecha la victoria más grande en contra de las deportaciones, docenas de inmigrantes activistas marcharon hacia la oficina del alguacil (o sheriff) del condado de Washington.
“¿Qué queremos?” cantaban.
“¡Al Alguacil!” el grupo respondió.
“¿Cuándo lo queremos?” exigían—seguido por la inevitable respuesta: “¡Ahora!”
El panorama era confuso para algunos quienes habían estado siguiendo las noticias. El mes anterior, 31 alguaciles de Oregón habían anunciado su oposición a las detenciones de ICE, a raíz de una decisión de la corte federal que afirmó que las órdenes de retención violan los derechos constitucionales de las personas. Este fallo y sus efectos fueron completamente sin precedentes en los cinco años desde que la administración de Obama anunció que estaba implementando la política nacional “Secure Communities” (Comunidades Seguras), un programa en el cual departamentos de policía locales coordinan con bases de datos de inmigración para agilizar las deportaciones. Pero, como demuestra la historia entera de la lucha en contra de la deportaciones en Oregón, esta victoria legal había empezado en las calles y ha continuado desde el fallo con acciones como el plantón del 16 de mayo cuando, sin indicios del alguacil y con pancartas que leían, “Nuestra Comunidad te está Mirando,” las docenas de activistas inmigrantes se sentaron en el piso a esperar.
El Comienzo
Nacionalmente, más de 120 ciudades, condados y estados limitan ahora la cooperación entre los departamentos de la policía locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Federal Immigration and Customs Enforcement, “ICE” por sus siglos en inglés). Más ciudades están uniéndose cada semana; la mayoría han anunciado sus nuevas políticas en los 2 meses después de la victoria estatal en Oregón. Apenas la semana pasada, condados en Iowa, Kansas, Nuevo México y California anunciaron que no cumplirán con las órdenes de retención de ICE. Esta semana, el condado de Orange en California declaró que pondrá fin a todas las detenciones de inmigración. Dado que alguaciles en Colorado, Washington y en otros estados han señalado a Oregón como el precedente más influyente— la única vez que una asociación estatal de alguaciles ha alentado a sus miembros para que ignoren las detenciones de ICE— es un muy buen momento para preguntar, ¿cómo es que los activistas de Oregón lo lograron?
Para el Equipo Respuesta de Información Inmigrante (Immigrant Information Response Team), liderado por voluntarios en la ciudad de Newport, Oregón, la historia de la victoria en contra de las deportaciones se inicia con el flujo de inmigrantes a la zona en 1992. “La gente empezó a llegar a la estación de autobús, no tenían en donde dormir, y les habían dicho ‘ven a Newport, puedes trabajar en la planta de pescado,’” dijo Jorge Hernández del Equipo Respuesta. “Entonces nos empezamos a reunir para asegurarnos de que la gente conociera sus derechos.” Diecisiete años más tarde, después de la inauguración de Barack Obama, el grupo empezó a escuchar sobre miembros de la comunidad que habían sido arrestados por no tener una licencia de manejar y que fueron entregados a ICE para ser deportados. Alarmados, se contactaron con otras organizaciones miembras del Proyecto Organización Rural (Rural Organizing Project), el cual ayuda a organizadores en todo Oregón a construir campañas locales, para compartir estrategias e información.
Alrededor del mismo tiempo en Portland, Oregón, jornaleros que estaban organizando con el grupo VOZ empezaron a movilizarse para poder viajar a Arizona a apoyar a las personas opuestas al perfil racial ejecutado por el alguacil Joe Arpaio y las nuevas leyes anti inmigrantes del estado.
Al regresar a Oregón, ellos continuaron apoyando la últimamente exitosa campaña para presionar a la entidad financiera Wells Fargo para que desalojara a Arpaio de su oficina en una torre en Phoenix. Pero ellos también notaron que Oregón no era tan diferente a Arizona; en ambos estados, los alguacils locales y agentes de ICE estaban trabajando juntos. Conocido como “ICE hold” o “detainer policy” (política de detención), los alguacils locales estaban, voluntariamente, deteniendo a personas inmigrantes quienes sospechaban de ser indocumentadas, hasta que ICE pudiera recogerlas, más allá de cualquier estancia requerida para una acusación o condena penal.
“Nosotros nos dimos cuenta que ellos muy silenciosamente implementaron la política de detención en Clackamas y Washington (Oregón) y pensamos, ¿quién sigue?” dijo el co fundador de VOZ Romeo Sosa.
Juntos con otras organizaciones urbanas y rurales de Oregón, VOZ formo “ACT Network,” la Red de Unión de Activistas por la Seguridad y Justicia, así también como brindaron apoyo a grupos de asistencia legal y política. El Proyecto Organización Rural y otros miembros de ACT empezaron a realizar un análisis de condado en condado para determinar el impacto de las órdenes de detención. “Nosotros fuimos los primeros en acercarnos a los alguaciles rurales con respecto a este asunto.” dijo Amanda Aguilar-Shank del Proyecto Organización Rural. “No estaba en su radar de comprensión” Muchos de los alguaciles habían estado cumpliendo las solicitudes de ICE sin entender la indignación que esto crearía en sus comunidades. En el primer año del programa, con solo seis condados participando en Comunidades Seguras, más de 600 personas fueron detenidas por la policía local para luego ser recogidas por ICE.
Todavía organizaciones locales siguen luchando para demostrar que esta situación está teniendo un impacto en la seguridad pública. “Fue muy difícil obtener información a nivel local” explicó Jorge Hernandez del Equipo de Immigrant Information Response. “La oficina del alguacil del Condado Lincoln dijo que ellos no sabían mucho acerca de este programa, además ICE no devolvería nuestras llamadas”
Sin embargo el grupo observó un patrón de comportamiento: Los Latinos que fueron detenidos casi en todos los casos habian sido parados por el crimen de “conducir mientras ser persona de colo.” Con el fin de demostrar que los órdenes de detención de ICE conducían al arresto injustificado de personas, el grupo rastreó información disponible públicamente. “Eventualmente descubrimos cómo crear un robot para automáticamente obtener información de los arrestos mediante el internet, para mostrar que las personas estaban siendo detenidas sin razón alguna,” dijo Hernandez. La búsqueda del grupo respaldó lo que ellos habían escuchado de los miembros de la comunidad. Pero el alguacil no estaba interesado en escuchar sobre el miedo que esto generaba a la comunidad inmigrante y constantemente evadió hablar con el grupo.
Mientras tanto, el Equipo Respuesta empezó a realizar presentaciones de películas y discusiones comunitarias en el Condado de Lincoln para crear conciencia sobre el impacto de convertir policías en agentes de inmigración. Después de muchos años, ellos empezaron a tener impacto. “Newport es una ciudad de diez mil habitantes,” Hernandez explicó. “Nosotros tendríamos entre 50-70 personas en nuestro evento mensual y el alguacil siempre se enteraba de eso. Nosotros sabíamos que le molestaba porque en el 2012 dejó de comunicarse con nosotros completamente, pero escuchamos mediante un aliado, que el alguacil había ido a la asociación de alguacils del estado a decir, ‘Tenemos que hacer algo acerca de los ICE holds'”
Iniciando el 2011, los miembros del Proyecto Organización Rural tomaron acciones similares en una docena de condados rurales, para educar a aliados acerca del impacto de la colaboración de la policía con ICE y para presionar a los alguaciles locales para que dejen de realizar lo que les pide ICE.
Calentándose
Casi al mismo tiempo, los organizadores con los Oregón DreamActivist se enfocaron en conseguir que los detenidos individuales fueran liberados de la custodia del alguacil, con el apoyo de la Alianza de Inmigrantes Nacional de Juventud (NIYA) y otros aliados. En uno de los casos, Faustino Luis García fue detenido por conducir sin una licencia por el condado de Clackamas y los diputados del alguacil lo entregaron a inmigración. Él fue deportado a pesar de haber sido elegible para una visa U (él y los miembros de su familia eran sobrevivientes de trauma de violencia) y su aplicación aún estaba procesando. “Esa familia inspiró a otras personas a luchar por sus derechos”, dijo Ricardo Varela de Oregón DreamActivist.
Además del caos que las familias estaban pasando por las deportaciones, la lucha solamente contra las órdenes de detención era una batalla difícil. “Una familia tuvo que vender dos de sus carros y obtener préstamos para pagar la fianza de reconocimiento personal de $8,000 para una persona que había sido detenida por presuntamente arrojar basura mientras conducía,” dijo Varela. Más de 6.300 personas fueron deportadas en Oregón por órdenes de detención de ICE en los años del 2012 y 2013.
Aunque los organizadores de DreamActivist participaban con la Red de ACT, estaban frustrados por la falta de progreso. “Hay mucha gente que estaban hablando con los distintos alguaciles, pero los alguaciles no cambiaban nada; solo eran palabras,” dijo Varela. Él y Sosa de VOZ dijeron que aliados de las comunidades asiáticas y afroamericanas se habían reunido con el alguacil para expresar preocupaciones de ambas comunidades sobre las políticas de detenciones de inmigrantes. Decidiendo ponerle más presión al alguacil del condado de Multnomah cuya jurisdicción es la ciudad de Portland, los DreamActivists organizaron una desobediencia civil para el 1 de Mayo del 2012, para desafiar su aserción que el departamento de alguacil solamente detienen a inmigrantes “criminales”. “Las personas indocumentadas ya no estaban dispuestos a guardar silencio en público,” dijo Varela. El fiscal se negó a presentar cargos contra los detenidos, pero Varela siguió detenido en la cárcel del Condado de Multnomah, a petición de los agentes de inmigración (ICE). Después de una campaña para presionar a inmigración, ICE le quitó la orden de detención declarándolo de “baja prioridad”. Organizadores de DreamActivist ganaron exitosamente la liberación de otras ocho personas sobre los últimos dos años de esta manera, con el apoyo de aliados locales como Portland Trabajos con Justicia (JwJ) y el Centro de Organización Intercultural (CIO).
Organizadores en Portland empezaron a ver resultados similares en sus aliados rurales después de varios foros comunitarios y acciones directas. “Sabíamos que estábamos teniendo un impacto”, explicó Sosa. “Sus miembros empezaron a seguir a [alguacil del condado de Multnomah] Dan Staton en la calle, en su hora de almuerzo, para preguntarle por qué estaba honrando a las órdenes de detención.” Pero en público, el alguacil todavía declaraba su apoyo a las comunidades inmigrantes y al mismo tiempo se negaba a reducir las detenciones de inmigración (ICE). En el 2013, después de estar bajo mucha presión de organizadores, la Comisión del Condado de Multnomah, aprobó una resolución local que le pide a Inmigración (ICE) que no deporten a inmigrantes usando una orden de ‘discreción del fiscal’. El alguacil respondió anunciando que él solo honraría órdenes de detención para personas acusadas de crímenes graves. “Pero él rompió esa promesa de inmediato,” dijo Aguilar-Shank.
Preocupados, los organizadores solicitaron una junta con el alguacil para hablar de la falta de impacto de su política “revisada” contra las deportaciones, pero el alguacil les canceló la junta el mismo día que se iban a reunir. “Cancelando nuestra junta ese día fue lo último para nosotros,” dijo Sosa. “Fuimos directamente a su oficina y no nos fuimos hasta que el hablo con nosotros. Él tomó nuestra petición de los niños quienes habían sido afectados por su política, sonrió y nos dijo lo mucho que apoyaba a nuestra comunidad. Él dijo: ‘Muy pronto me pondré en contacto con ustedes’. Pero eso nunca sucedió. Sabíamos que teníamos que escalar [la presión al alguacil]”.
Pero, según Sosa, el grupo no llegó a consenso con la idea de utilizar tácticas de desobediencia civil. “Nuestros abogados querían que nos quedaramos con una estrategia legal y hasta nos dijeron que quitáramos sus nombres del comunicado de prensa” el dijo. Así que sin su equipo legal, VOZ, DreamActivist, y otros activistas indocumentados hicieron otra desobediencia civil en la oficina del alguacil en el 2013. “Dijimos, ¡Aquí Estamos! ¡Arréstennos! Sabemos lo que estaban haciendo,” dijo Sosa. Siguieron a esta acción con otras acciones públicas y conferencias de prensa durante todo el año, y los otros condados comenzaron a oír sobre la presión que estaban haciéndole al alguacil Stanton en Portland.
Una victoria asegurada por los tribunales
En marzo, tres años después del comienzo de la resistencia al nivel estatal en contra de la colaboración de la PoliMigra, abogadas/os de la ACLU presentaron una demanda en Clackamas, Ore. De parte de Miranda Olivares, quien fue encarcelada por violar una orden de restrición. Se le impidió a su familia de pagar fianza debido a una orden de detención de ICE que se había colocado cuando ella fue fichada en la cárcel. Ella se declaró culpable de un cargo e hizo una sentencia de dos días en la cárcel, así resolviendo su caso con el Condado Clackamas. Sin embargo, la cárcel siguió deteniéndola por 19 horas más para cumplir con la solicitud de ICE.
El 6 de abril, un juez federal dictaminó que los derechos constitucionales de Olivares fueron violados. Los efectos fueron inmediatos.
“El alguacil [del Condado Multnomah] nos llamó ese día para dejarnos saber que estaba opuesto a las órdenes de detención, como si nos estaba haciendo un gran favor,” dijo Sosa. “[Pero] todo fue de la comunidad. Esta victoria no tiene nada que ver con él.”
El alguacil del Condado Gulliam y presidente de la Asociación de Alguaciles del Estado de Oregón, Gary Bettencourt, fue citado ese día, diciendo “Nunca jamás violaremos los derechos constitucionales de nadie. Esto yo puedo garantizar.” Dentro de dos días, nueve alguaciles anunciaron su oposición a las órdenes de detención de ICE. Tres semanas después, 22 otros condados se unieron. Interesantemente, las cortes federales en Filadelfia y Rhode Island ya habían aprobado dictámenes parecidos, declarando que las órdenes de detención de ICE son inconstitucionales. Pero ninguno de estos casos tuvo efectos al nivel estatal.
Y estas ondas han continuado, ya que en semanas recientes los alguaciles en Washington y Colorado han seguido el liderazgo de sus contrapartes en Oregón en no honrar las órdenes de detención de ICE.
“Al final fue la presión comunitaria, una estrategia legal, y la victoria sobre la presidenta de la Comisión del Condado Multnomah. Le dimos al alguacil de tres lados distintos, y cuando fue dictaminada su inconstitucionalidad, él tuvo que rendirse,” dijo Sosa.
Adaptación y responsabilidad
Cada uno de los organizadores que se entrevistaron para este artículo comentaron que no están esperando que los alguaciles dejen de colaborar con ICE sin la presión de la comunidad. Y ICE ya ha empezado a cambiar sus tácticas en respuesta a las acciones de los alguaciles – organizadores han reportado que agentes de ICE están llegando con frecuencia a las lecturas de cargos en los casos penales para esperar a los detenidos.
Varela y otros activistas tienen planes de seguir presionando. “Tenemos que asegurar que los alguacils estén responsables ante nosotros y que cumplen con sus promesas. La acción pública es la manera en que se logra esto.”
Mientras tanto, en la oficina del alguacil del condado de Washington el 16 de mayo, el alguacil Pat Garrett por fin apareció para hablar con Oregón DreamActivist. Dijo que ya se había comprometido a parar las detenciones para ICE. El grupo respondió que estaba allí para asegurar que su oficina cumpliera con esta promesa. A DreamActivist Sindy Avila se la citó diciendole que, “Estamos dejándole saber que nuestra comunidad le está vigilando a usted. Una comunidad segura es una comunidad organizada.”
Varela dice que el activismo constante ha tenido impacto más allá de bajar el número de deportaciones. También ha logrado algo más fundamental: transformar a quién le proteja el sistema legal de los EU. “Antes de estos últimos par de años, habían dos tipos de personas bajo la ley: documentada, y todos los demás.”
Para Hernandez, esta victoria estatal tiene que ver con la estrategia de largo plazo. “Algo que he aprendido en estos últimos 17 años es la importancia de ser proactivo en vez de ser reactivo. No estamos esperando que Obama o la Cámara de Representantes pase una reforma inmigratoria. No nos importa si la pasen o si no. Yo creo que podemos cambiar nuestras comunidades desde abajo.” Para el Equipo Respuesta Información Inmigrante, dice él, eso puede significar tener más impacto en las elecciones locales. “Tenemos que cambiar la dirección de nuestras ciudades a nivel general. Si tenemos a alguien racista o anti-inmigrante en nuestro Consejo Municipal, ¿qué es nuestro plan para reemplazarlo, aunque nos tome 15 años para hacerlo?”
Traducido por Amanda Aguilar-Shank, Gio López, Tony Macias, Nicole Marín Baena, Rosa Navarro y Nancy Preciado.
